#Opinión | En esta nueva entrega de su columna "Tinta y Rebeldía", Ar Mendoza reflexiona sobre los claroscuros de esta terminología en el actual contexto político en México, haciendo énfasis en aquellos factores que pueden provocar la manipulación de la información.
Morelia, Michoacán a 15 de julio, 2022.- Cuando escuchamos hablar acerca de los perseguidos políticos, nos imaginamos a personajes de la talla de Rigoberta Menchú, quien fue hostigada por el gobierno guatemalteco debido a su activismo en contra de las desigualdades que se vivían en ese país y que a la postre dieron como consecuencia su exilio a México en 1981; o como José Martí, poeta y político cubano que llegó a nuestra nación en el año de 1875, luego de ser seguido por el gobierno español debido a su incansable apoyo independentista a Cuba.
Sin embargo, parece que, en México a últimas fechas, la palabra “perseguido político” ha cobrado un significado diferente, puesto que aquellos ex funcionarios, dirigentes partidistas o ex representantes populares, utilizan ese término para victimizarse y argumentar que el gobierno los hostiga.
No dudo que, en gran parte del globo terráqueo, existan “policías políticas” dedicadas a investigar a aquellos que son opositores al régimen en turno, pero en el caso particular de la oposición mexicana, la moral de aquellos que se dicen “perseguidos políticos” deja mucho que desear.
Y es que dicen que todos necesitan una figura antagónica para poder contrastar las formas de hacer las cosas: Batman cuenta con el Joker, Superman tiene a Lex Luthor y Spiderman disiente con el Duende Verde; no obstante, en México, el gobierno dirigido por Andrés Manuel López Obrador, carece de esa figura opuesta que la sociedad requiere para contar con una verdadera vida democrática que lleve al país a tener auténticos contrapesos.
En México seguimos anclados al caduco régimen de los partidos políticos, sin ellos, es prácticamente imposible realizar reformas que permitan transitar por un país con mejores oportunidades para todas y todos. No obstante, vemos a los que “fungen” como contrapesos, señalados por la sociedad debido a su pésimo manejo a la hora de ocupar un cargo público.
Pongo como ejemplo a la oposición debido a que sus principales protagonistas enfrentan múltiples señalamientos por parte de la autoridad mexicana; el ejemplo más claro es el de Ricardo Anaya, ex diputado del PAN y ex candidato a la Presidencia de la República por el PAN-PRD y MC, quien es acusado de recibir sobornos del ex director de Pemex; Emilio Lozoya, para aprobar la Reforma Energética propuesta por el ex mandatario, Enrique Peña Nieto, acusando a Andrés Manuel López Obrador de quererlo “fregar a la mala”, para que no participe en el proceso electoral del 2024.
Uno de sus abogados insiste en que Anaya es inocente y un perseguido político, sin embargo, el panista no ha dado la cara ante las autoridades mexicanas y se presume habría huido del país desde hace tiempo.
Otro de los personajes que a últimas fechas ha hecho hincapié una y otra vez en ser perseguido por parte del gobierno morenista que encabeza Andrés Manuel López Obrador, es el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, alías “Alito”, quien emprendió una gira por diversos organismos mundiales, para denunciar que AMLO busca debilitar a los partidos políticos de oposición, pero la gobernadora de Campeche; Layda Sansores, cada semana muestra un audio que hunde más y más al líder priista en la corrupción. Algunos sectores de su partido político incluso, ya piden que abandone el cargo y que se ponga a disposición de las autoridades para ser investigado.
Lo curioso del asunto, es que pareciera ser más un acto de propaganda por parte del gobierno federal, que una verdadera investigación que comprobara los actos de corrupción de “Alito” Moreno, con el claro objetivo de enfatizar que la oposición es la mala del cuento y que fue la que tuvo hundido al país por muchas décadas.
Otro de los que en su momento se autonombró como un “perseguido político”, fue el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien, dijo no tener miedo, ante las amenazas a la democracia, refiriéndose claramente al gobierno del oriundo de Macuspana. Incluso yéndose a sentar en un banquito de color verde afuera de Palacio Nacional para entregarle supuestas pruebas de los vínculos de Morena con el narco al Presidente Andrés Manuel López Obrador, fracasando en su intento.
El perredista Aureoles Conejo tiene varias acusaciones; que van desde supuestos desvíos de recursos, contratación de una red de espionaje, hasta una deuda contratada en 2020 de 4 mil millones de pesos, a la cual, según fuentes oficiales, solo abonó cuatro millones 500 mil pesos, lo que significa que no respondió un solo peso al pago del capital para el crédito que solicitó.
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Resaltando que el último año de su administración tuvo un índice muy bajo de aprobación por parte de la población michoacana, poniendo en duda su victimización en torno a la supuesta “persecución política” que sufría.
Prácticamente fue un año donde se especuló del paradero del perredista, algunos decían que estaba en Canadá, otros en Europa; lo cierto es que esta semana reapareció en Michoacán retratándose con distintos personajes de la vida pública del país: Cuauhtémoc Cárdenas, diputados de la bancada del PRD en el Congreso del Estado y con Monseñor Carlos Garfias Merlos, intentando, quizá… ser perdonado por sus pecados.
Si bien los actos políticos en la mayoría de las ocasiones dividen la opinión pública, en este momento los personajes anteriormente mencionados han utilizado la palabra “perseguido político” para victimizarse, o intentar construir una agenda que les permita seguir jalando los reflectores y continuar teniendo “foco político” dentro de un país ampliamente convulsionado.
Sin embargo, también es cierto que las autoridades correspondientes tendrán la obligación de demostrar la culpabilidad de dichos personajes, de lo contrario, la impunidad, la desinformación y el engaño seguirán manipulando la información como en administraciones anteriores.
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